El Fiscal General del Estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández, confirmó que el caso de la enfermera Alicia “N” en proceso judicial por la amputación de la pierna de un paciente, sin tener con los estudios profesionales para este procedimiento médico, solicitó la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva que se mantendrá durante el proceso.
“El plazo de investigación completa en este caso se acaba de solicitar la revisión de la medida cautelar, ya se definió que por el momento no habían variado las condiciones y se mantenía en este caso la determinación de la prisión preventiva justificada, la información todavía, como ustedes saben el plazo de investigación es susceptible de ampliarse, entonces, me esperaría porque depende de las condiciones de cómo vaya evolucionando”.
De acuerdo con las investigaciones integradas en la carpeta correspondiente, los hechos ocurrieron durante el mes de mayo de 2026 en un inmueble acondicionado como consultorio dentro de la colonia Santa María Magdalena. La víctima acudió al lugar para recibir atención sanitaria; sin embargo, la acusada realizó curaciones sin los protocolos médicos pertinentes y posteriormente amputó el primer dedo del pie izquierdo de la paciente.
“Las intervenciones quirúrgicas solamente pueden ser ejecutadas por un médico, por una persona que haya cumplido con los requisitos académicos correspondientes y que no solamente tenga un título profesional registrado sino también una cédula profesional que le autorice el ejercicio de la profesión, aquí no estamos en presencia de un tema de cuidado, sino del tema de la intervención en una amputación, la pregunta a resolver es si desde una perspectiva jurídica un una persona que no es un médico cirujano puede llevar a cabo una amputación, en este caso, la amputación que realizó, pues no tenía la autorización y eso no lo determinó aisladamente la Fiscalía con un criterio jurídico, sino que solicitó la opinión de la autoridad competente en materia de salud a nivel federal y a nivel estatal, en ambos casos el pronunciamiento de las autoridades estatales y federales que regulan y supervisan la actividad de las personas que se dedican a la enfermería fueron contundentes al hacer un pronunciamiento en el sentido de que una persona con estudios de enfermería no se encuentra capacitado y autorizado para llevar a cabo una intervención consistente en una amputación, eso le corresponde únicamente a los médicos y la personas con los estudios en enfermería únicamente pueden dar acompañamiento y auxilio en las intervenciones que se deben de realizar”.
Reconoció que hay muchos casos investigados dentro del proceso de usurpación de profesiones, no solo en el sector médico, sino en abogados y en temas estéticos y de salud.
“Ustedes han visto que no solamente en el sector médico, también hemos tenido abogados que incluso fueron vinculados a proceso y también se les impuso la medida de prisión porque se afecta y se pone en riesgo a la sociedad con la prestación de un servicio por una persona que no cuenta con los estudios y con la autorización para desarrollar esa actividad regulada por el estado”, finalizó.
