El mandatario estatal aclara que la colocación de la primera piedra fue un acto protocolario, niega acuerdos bilaterales al margen de la ley y garantiza apego a la normatividad federal para los planes de estudio y adiestramiento.
El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, descartó categóricamente cualquier confrontación o fractura institucional con el Gobierno Federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de los cuestionamientos públicos derivados de la colocación de la primera piedra del proyecto de la Academia Internacional de Capacitación Policial en la entidad con la presencia del embajador de Estados Unidos en México.
La controversia surgió luego de que la titular del Ejecutivo Federal señalara que cualquier cooperación que involucre agencias extranjeras en materia de seguridad debe pasar forzosamente por la autorización y los canales normativos de la Federación y el Gabinete de Seguridad.
Frente a esto, Kuri González subrayó que la ceremonia fue estrictamente simbólica y protocolaria, desmintiendo que se haya suscrito algún tratado, convenio vinculante o autorización para la operación de agentes extranjeros en suelo queretano. El mandatario precisó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fue notificada con anticipación sobre el encuentro con la delegación diplomática estadounidense y enfatizó: “Nunca haría yo algo en contra de mi país. Seguiremos trabajando de cerca con la Federación y también con quienes busquen apoyar a Querétaro”.
El gobernador defendió la necesidad de fortalecer las corporaciones de seguridad locales mediante esquemas de profesionalización e intercambio técnico, argumentando que “todo lo que se haga a favor de la seguridad es poco”. No obstante, admitió que la integración de los planes de estudio, la certificación de instructores y las directrices operativas se tramitarán en estricta coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El Poder Ejecutivo estatal mantendrá comunicación directa con la Cancillería y las autoridades federales de seguridad para encauzar formalmente las gestiones correspondientes antes de que el complejo inicie actividades. Con esto, la administración queretana busca distender el choque político con la Presidencia y asegurar que la inversión en infraestructura policial cuente con el aval jurídico pleno de la Federación.
