Hay evidencia que en las recientes elecciones se observó la presencia de funcionarios públicos de primer nivel metidos en las actividades electorales antes, durante y después del proceso que les debería ser ajeno, tal como lo marca el articulo 11 y 14 de la ley general de delitos electorales donde indica que se debe imponer de doscientos a cuatrocientos días de multa y prisión de dos a nueve años, a los servidores públicos que participen en actividades de campaña.
Como si no fuera suficiente el escándalo de la auto impugnación, que ha casado revuelo en la sociedad, ahora sale el escándalo de los funcionarios de alto nivel defendiendo el hueso, siguiendo el ejemplo de su jefe Roberto Cabrera, en San Juan del Río se usó de recurso público para lograr posicionar al insipiente candidato que busca la reelección.
Por decir, desde inicios de campaña funcionarios de Desarrollo Económico, Empresarial y Turismo, Obras Públicas, Gobierno, Asistentes de la presidencia, Oficina de gabinete, Desarrollo social, Mejora regulatoria, Desarrollo agropecuario, Giras, y secretarios particulares, son algunos de los funcionarios que se involucraron directamente en las actividades de campaña del Candidato por el Partido Acción Nacional Roberto Carlos Cabrera Valencia.
Y una vez que el órgano local determino que sería necesario un reconteo de urnas para esclarecer el triunfo del candidato por morena Juan Alvarado Navarrete, fueron los mismos funcionarios quienes se presentaron a contar y defender los votos por el PAN, acto que está prohibido por la ley, sin embargo, la urgencia de defender su puesto y el recurso tan honoroso que perciben de la presidencia municipal, no iban a permitir que nadie se los arrebatara.
Es evidente que en san juan del rio, el PAN hace de las suyas perdiendo el respeto por la ciudadanía e imponiendo su decisión costa de los recursos del pueblo, pero por ahora tendremos que esperar a que las instancias pertinentes sancionen y determinen que hacer con dichos funcionarios públicos.
Los anteriores hechos ya fueron denunciados ante Ministerio Público.
