La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, afirmó que existe preocupación por la aprobación en la Cámara de Diputados del dictamen de Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación (LGHCTI), habiéndose realizado apenas dos de los siete parlamentos abiertos a los que se habían comprometido y aclaró que el CONACYT no desaparecerá.
“Es falso que desaparece el CONACYT se propone un cambio de nombre que obedece a los intereses de la doctora Álvarez Buya, con respecto a esta propuesta de ley que se está sometiendo y que se dice también que se militariza CONACYT, tampoco es cierto pero lo que si es cierto es que esta iniciativa de ley está pretendiendo un control total sobre el desarrollo de conocimiento en México”.
Indicó que este proyecto de Ley pasa así a la Cámara de Senadores, con grandes defectos y carencias, mismos que colocan en condiciones de indefensión a las y los investigadores científicos presentes y futuros.
Destacó que esta ley presenta carencias como que es una Ley centralista, que pretende establecer un control del desarrollo científico desde la Federación, sin participación de los gobiernos estatales.
En su consejo nacional no incluye ninguna representación de las universidades o centros de investigación, lo que significa que las decisiones de desarrollo del conocimiento en México estarán supeditadas a los intereses del Poder Ejecutivo en turno, a través de las secretarias de Estado.
“No hay compromiso para un presupuesto base; por el contrario, elimina la meta de presupuesto del 1% del PIB nacional a invertir en ciencia y tecnología, determinada por la ley actual. Establece únicamente un presupuesto mayor al del año inmediato anterior, lo que no garantiza suficiencia ni progresividad”.
Además la propiedad intelectual de las investigaciones apoyadas por el CONACYT se la adjudicará a este mismo organismo, desconociendo la participación de las instituciones en la generación de los proyectos; además de que no cuenta con mecanismos para explotación de propiedad intelectual y desmotiva a las y los autores.
Señaló que se ejerce discriminación contra las y los investigadores de las universidades particulares, excluyéndolos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y se transgrede la autonomía de los centros públicos de investigación; no se reconoce su organización y pretende controlar la toma de sus decisiones.
“Una vez más, las y los diputados federales hicieron caso omiso de las recomendaciones de científicas y científicos, universidades públicas y privadas, así como centros de investigación; quienes en múltiples foros y encuentros pusieron de relieve las deficiencias de la iniciativa presentada, solicitamos a la Cámara Alta que haga valer sus facultades y detenga el proyecto de ley hasta que se efectúen los parlamentos abiertos y se revise de manera integral el texto propuesto de la legislación”.
