Ambientalistas integrantes de la Asociación Parque Intraurbano Jurica AC informaron que el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito confirmó la reincorporación de las parcelas 41 y 42 al polígono del Parque Intraurbano Jurica Poniente, conocido como La Queretana.
La abogada especialista en temas ambientales, Izarelly Rosillo afirmó que está resolución es relevante e histórica para todo el país pues la sentencia obliga al Municipio de Querétaro a reincorporar de manera definitiva las parcelas, sesionar el Cabildo, elaborar un plan de manejo y evitar futuros cambios de uso de suelo en la zona.
“Lo más relevante es que no solamente confirma, sino además sustenta nuevos argumentos en relación a el riesgo por inundaciones, las funciones de las áreas protegidas para la recarga de los acuíferos, las facultades concurrentes en materia de asentamientos humanos y lo destaca en cuatro puntos muy importantes”.
Recordó que el valor ambiental de las parcelas, así como el ejido Jurica no fue observado por el Ayuntamiento del municipio de Querétaro y omitieron; analizar las consecuencias perjudiciales de su cambio destino, analizar las funciones de preservación para la mitigación y adaptación al cambio climático, reconocer la tasa de infiltración del agua, prevenir de daños por riesgos meteorológicos y garantizar los beneficios de los servicios ambientales que presta para la recarga de los acuíferos.
Señaló que las autoridades señaladas en este amparo como responsables no respetar los principios ambientales de prevención, precaución, progresividad de los derechos humanos y no regresividad.
Ante este resolutivo el municipio de Querétaro debe sesionar a través del cabildo y cumplir la sentencia, que la incluya en el Plan Municipal de Manejo y que no autorice cambio de uso de suelo en el área natural protegida Jurica Poniente.
“Lo cual hace evidente que el ayuntamiento del municipio de Querétaro ni cualquier otro ayuntamiento puede autorizar cambios de uso de suelo sin observar la normatividad ante los asentamientos humanos porque violenta el derecho humano un ambiente sano y puede generar la posibilidad de generar afectaciones, daños a la propiedad privada y también daños a la vida humana y la salud ecosistémica”, finalizó.
