El coordinador de los trabajos para la Defensa de la Cuarta Transformación en Querétaro, Santiago Nieto Castillo, propuso la adopción de una iniciativa integral denominada “8 de 8 Plus”, ya que los filtros patrimoniales, fiscales y de no antecedentes penales, planteados bajo el esquema denominado “6 de 6”, así como los lineamientos contra deudores alimentarios y agresores por motivos de género, ya forman parte del marco normativo federal y de las disposiciones electorales vigentes.
Aseguró que la fracción de la 4T esta de acuerdo con la declaración 6 de 6, aunque se exponen a los funcionarios a estrategias sobre materias ya reguladas por la ley.
“Por ello planteamos la 8 de 8 Plus, sumando dos revisiones fundamentales para la realidad de Querétaro; punto 7 cero vínculos con redes de corrupción inmobiliaria, que se investigue si las personas aspirantes han participado directa o indirectamente en operaciones irregulares relacionadas con desarrollos inmobiliarios, permisos, contratos, tráfico de influencias o beneficios indebidos derivados de decisiones gubernamentales y punto 8, cero vínculos con redes de corrupción vinculadas al agua. El agua es un derecho humano fundamental, no un negocio político. Deben transparentarse concesiones, contratos e intereses económicos donde una candidatura pudiera incurrir en conflicto de interés o lucro indebido”.
Incluso reconoció que la misma presidenta, Claudia Sheinbaum ya contempla estos aspectos en la iniciativa para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
“El pasado 22 de mayo la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no es un tema menor, porque se trata de una ley que se aplica a nivel federal y también a nivel estatal; vincula tanto a los procesos electorales federales como a los locales, en particular, en el Instituto Nacional Electoral se creó la Comisión de Verificación e Integridad, encabezada por el consejero electoral Arturo Chávez, cuyo propósito es verificar efectivamente que no existan vínculos con la delincuencia organizada en cualquiera de sus expresiones”.
Los aspectos contemplan la verificación de información de dependencias como; la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
“Pregunto: ¿qué resulta más eficaz para controlar a la delincuencia organizada? ¿Las instituciones del Estado mexicano con información de inteligencia fiscal, financiera y de seguridad, o un polígrafo? Como mencionó la diputada Claudia Díaz Gayou, el polígrafo fue declarado ilegal por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declaró inconstitucional en los concursos para jueces y magistrados del Consejo de la Judicatura Federal, es una prueba inconstitucional e ilegal que no puede aplicarse, reitero en términos de eficacia: ¿qué es más certero, la información de la UIF, del SAT y de la Comisión Nacional Bancaria, o el polígrafo?”, finalizó.
